23 de septiembre de 2011
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La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción esta tarde al proyecto de ley de procedimiento de adopción. La iniciativa modifica el procedimiento para las adopciones y que tiene como objetivo agilizar los trámites en los juzgados de Menores. Fue aprobada por unanimidad.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley que modifica el procedimiento para las adopciones y que tiene como objetivo agilizar los trámites en los juzgados de Menores.

El oficialismo y la oposición acordaron anoche en la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria incluir el proyecto de ley en el orden del día de la sesión convocada para hoy por lo que se logró la aprobación por unanimidad.

El proyecto se busca "cubrir el vacío legal existente e instituir una normativa que delimite y regule específicamente el procedimiento de adopción, en todas sus etapas".

La iniciativa establece una serie de procedimientos para determinar si los menores se encuentran o no en "estado de adoptabilidad", al tiempo que reduce a solo tres semanas el otorgamiento de una guarda provisoria, paso anterior a la adopción definitiva.

Pero para que los cambios puedan aplicarse, la Legislatura debió además aprobar una norma complementaria que modifica a su vez la ley de Promoción de los Derechos de los Niños, que también fue tratada hoy. Ahora, la norma deberá ser tratada en el Senado para su aprobación definitiva.

La iniciativa presentada en agosto pasado fue impulsada por el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Raúl Pérez, pero elaborada a partir de un trabajo conjunto con todas las bancadas y con el aporte de académicos y especialistas.

La ley establece como objetivo principal, el interés superior del niño, eje y centro de cualquier actuación administrativa y judicial por sobre cualquier derecho que tengan las familias adoptantes. Otro de los puntos es desalentar las guardas puestas, es decir, que a través de intermediarios se quiera simular una adopción en términos legales pero que en realidad no lo es. El diputado Marcelo Feliú (FpV-PJ) expresó que “uno de los espíritus es desalentar ese tipo de prácticas”.

Respecto de los jueces de familia, la ley sostiene que hay que darle herramientas para agilizar los trámites. Para ello se establece un plazo de seis meses con prórroga de otros seis para que ese juez decida si estamos ante la presencia de un niño que está en condiciones de ser adoptado. “No significa que el niño vaya directamente sino que analiza si están dadas las condiciones para que sea adoptado”.

Sobre los servicios locales, (integrados por médicos, asistentes sociales, psicólogos quienes intervienen en representación del estado para asistir a los chicos) el diputado oficialista Iván Budassi resaltó “es imprescindible que la ley le de a las guardas institucionales rango de ley y que sean los servicios locales los que defiendan los derechos de los niños, niñas, y adolescentes. Estos profesionales son quienes están en la trinchera, en el barrio, en contacto directo con cada problemática y son quienes pueden pedir en forma directa la actuación judicial para comenzar con la medida de abrigo al ver una situación devulneración de derechos.Por su parte, Raúl Pérez señaló que “Esta ley tiene mucho de ideología porque no conozco un partido político en nuestro país que trabaje para que haya más chicos en adopción, de ninguna manera. Trabajamos para que cada vez haya más familias que contengan a sus hijos para que aún con madres solteras o abandonadas por sus parejas, abandonen a sus hijos. Ningún chico debe estar sin familia”.