9 de febrero de 2012

El Diputado provincial Iván Budassi (PJ-FpV) informó que ingresaron, a la Cámara de Senadores, dos importantes proyectos en materia de seguridad remitidos por el Poder Ejecutivo.

Se trata de la creación y puesta en marcha de la Policía Judicial y de la Policía de Prevención. Ambas normas forman parte del sostenido trabajo que viene realizándose en la Provincia de Buenos Aires, adecuando las normas y las instituciones de Seguridad, para profesionalizar la investigación y contar con nuevas herramientas para combatir el crimen organizado.

Budassi observó que la creación de una Policía Judicial responde a un mandato constitucional. “Tal como expresa el gobernador en su mensaje de elevación, este órgano colaborará con el fortalecimiento de la calidad institucional de los distintos poderes que componen nuestra forma republicana de gobierno, buscando cumplir la manda del artículo 166 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.”

“El proyecto propone la creación de la Policía Judicial como institución del Poder Judicial. Su función central estará vinculada a delitos complejos, bandas organizadas, homicidios dolosos o delitos cometidos por funcionarios públicos. Para garantizar además la profesionalización de quienes la compongan, habrá un instituto encargado de la formación permanente, y el proceso de selección para constituirla será a través de concursos públicos, transparentes y abiertos a la participación ciudadana. Al mismo tiempo, el organismo tendrá un control institucional externo, ya que deberá presentar informes a la legislatura cada año”.

“Será una institución de naturaleza civil, que funcionará dentro del Poder Judicial con dependencia de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia.

Bajo las órdenes de los fiscales, se ocupará de la búsqueda, recopilación, análisis y estudio de elementos de prueba así como de la asistencia técnica y científica para la investigación de los delitos cometidos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”.

Sobre la Policía de Prevención, el Diputado Budassi explicó que: “Busca proporcionar a los funcionarios municipales nuevas herramientas para la prevención del delito mientras se garantiza una cantidad base de efectivos para toda la Provincia. Aunque coordinada por el intendente y las fuerzas vivas de cada municipio, esta Policía de Prevención seguirá dependiendo de la estructura policial de la fuerza provincial.”

“Así, se busca lograr una mayor presencia efectiva en las calles, para aumentar el trabajo de prevención, con una mayor coordinación con las políticas de seguridad dentro de cada municipio.”

Por último, Budassi opinó: “Resulta fundamental lograr un pronto debate de ambas normas ya que buscan aumentar las herramientas para garantizar la seguridad ciudadana. En especial, con respecto a la Policía Judicial, que estimo será tratada con rapidez en ambas Cámaras dado que responde no sólo a una exigencia constitucional de garantizar una investigación del delito más eficaz e independiente, sino que es fruto del trabajo conjunto del Poder Ejecutivo- por intermedio del Ministerio de Justicia y Seguridad- y de diferentes asociaciones profesionales, académicas y de Derechos Humanos vinculadas con el tema.”

Descargar en PDF Mensaje 2723. Policía de Prevención

Descargar en PDF Mensaje del Ejecutivo 2724. Policía Judicial

13 de diciembre de 2011

Se busca la sanción de un nuevo código, que deje de lado el sancionado por el gobierno militar en 1977.

Se presentó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un nuevo Código de Faltas Municipales. El mismo surge del trabajo de una comisión especialmente dedicada a estudiar el tema, coordinada por el Diputado Iván Budassi (PJ-FpV), y que contó con la participación de los diputado José Comparato y Raúl Perez, la colaboración de asesores de distintos bloques y la formal participación de la Asesoría General de Gobierno y el Asesor General Saúl Arcuri, por intermedio de la Secretaria Letrada Dra. María Ernestina Frascheri.

El proyecto de ley presentado por Budassi, Comparato y Pérez tiene por objetivo primordial actualizar el procedimiento de  faltas municipales en la provincia, proponiendo una reforma integral al código hoy vigente, sancionado en 1977 por el gobierno militar.
El objetivo principal del nuevo código es adecuar las normas por las que los jueces de faltas municipales deben llevar adelante el procedimiento contravencional por el que se investigan las conductas que pueden haber violado normas municipales, o las provinciales que deban ser aplicadas por las autoridades locales.

Así, la reforma busca que todos los vecinos bonaerenses cuenten con mayores oportunidades para defenderse eficazmente en este tipo de juicios. Al mismo tiempo, se persigue organizar mejor la actual administración para que se cumplan de forma efectiva las leyes municipales, ya sean las que refieren a planeamiento urbano, normas de tránsito, salubridad y seguridad pública, bromatología, y todas las vinculadas a regular la convivencia armónica en el ámbito comunal.
 
En primer término, se ha resaltado el carácter administrativo de todo el sistema, lo que permite emplear los criterios del derecho administrativo para la evaluación y resolución de los casos. En este sentido, cabe resaltar que se ha se ha quitado a los jueces de faltas la facultad de aplicar sanciones de arresto, o cualquier otra limitación a la libertad personal de los procesados: sólo podrán aplicar sanciones que van desde el apercibimiento hasta multas, o clausuras de establecimientos.
 
Al mismo tiempo, en lo que hace al procedimiento en sí, se ha buscado agilizar los trámites previos a la sentencia y facilitar el más amplio ejercicio del derecho de defensa por parte de los ciudadanos. Se han ampliado, asimismo, las facultades de los funcionarios municipales para prevenir conductas que puedan poner en peligro la salud y seguridad pública en el orden municipal.

En respuesta a un reclamo de muchos sectores académicos y doctrinarios se ha dispuesto que la mayoría de las decisiones tomadas por los jueces de falta sean revisadas judicialmente por jueces contencioso administrativos. Ello porque los jueces del fuero penal, quienes tienen hasta el momento competencia en estos asuntos, deben resolver cuestiones que no se condicen con su preparación específica, ya que, por ejemplo, tienen que expedirse sobre actos administrativos vinculados a habilitaciones, o sobre la aplicación del código de planeamiento urbano, o de otras normas vinculadas de forma directa al derecho administrativo.

De acuerdo al proyecto, solo queda bajo la competencia de los jueces correccionales la revisión de las sanciones aplicadas en base a las leyes de tránsito.

En cuanto a los jueces de faltas, se clarifica su pertenencia al régimen de empleo público municipal, estableciéndose además para su designación y remoción una Comisión Municipal de selección y remoción de los Jueces de Faltas, que funciona de manera similar al sistema que nombra y remueve los jueces del poder judicial.

Los autores de este extenso proyecto de 91 artículos esperan que con el mismo se abra en el ámbito legislativo y académico un debate que permita lograr un acuerdo para cambiar el sistema hoy vigente, diseñado en un gobierno autocrático hace ya 35 años. 

 

Se aprobó esta tarde en la Cámara de Diputados de la Provincia, el proyecto de la Ley Marco de Regionalización.
Dicho proyecto, según explicó el Diputado Iván Budassi, (PJ-FpV) y miembro del equipo de trabajo de Regionalización, “fue remitido por el Poder Ejecutivo en abril de este año, y se trabajó durante varios meses en la Comisión de Legislación General, en donde se escucharon las posiciones del Licenciado Santiago Montoya, a quien el Gobernador Scioli le encargara liderar el grupo de trabajo, y de otros expertos e interesados en la materia, y se incorporaron algunas modificaciones y sugerencias de la oposición para lograr el mejor proyecto posible”.

La ley marco aprobada diseña inicialmente los objetivos sustanciales del proceso de regionalización, para luego establecer que  “… una Autoridad de Aplicación (un  organismo ya existente en el ámbito provincial que elija el Poder Ejecutivo) dirigirá una fase de consulta en cada una de las secciones electorales. En este proceso, que se durará por  un máximo de 180 días, se consultará a las autoridades políticas y a todos los sectores de la provincia sobre su opinión sobre la delimitación de las regiones, con el objetivo de impulsar el desarrollo institucional, económico y social de cada una. Asimismo, se requerirá la opinión sobre qué competencias y poderes deberían tener las futuras administraciones regionales. Finalmente, se consultará sobre como avanzar en concreto para aumentar la autonomía de los municipios”.

“Al mismo tiempo se creará, en el ámbito del Poder Legislativo, el Consejo Provincial Asesor de la Regionalización en la Provincia, integrado por dos intendentes o representantes por cada una de las Secciones Electorales y legisladores de diferentes bloques que aconsejarán, mediante informes, a la Autoridad de Aplicación. Este Consejo también podrá convocar a representantes de asociaciones intermedias y de entidades académicas para conformar mesas especiales de asesoramiento, y su presidente se reunirá todos los meses con la Autoridad de Aplicación para recibir informes sobre sus actividades. Según Budassi, “La dinámica democrática y participativa de este proceso de consulta será completado, además, en cada Sección Electoral, con el trabajo de un Consejo Asesor Regional, integrado por Intendentes o sus representantes, y tres concejales. También podrán sumarse, si la temática en discusión lo requiere, miembros de sectores profesionales, comerciales, agropecuarios, productivos, gremiales, académicos, sociales y de la producción. Sus miembros tendrán voz y voto en la planificación de políticas regionales y del diseño de las regiones.”

Budassi explicó algunas de las funciones que, por su parte, tendrá la Autoridad de Aplicación, entre las que destacó: “Deberá conducir el proceso técnico político para confeccionar las herramientas normativas que delimiten los ámbitos territoriales, en función de objetivos de desarrollo e institucionales. También realizará reuniones, consultas, audiencias y propuestas; congresos, foros y convenciones y cualquier actividad que permita debatir y difundir los principios del Plan de Regionalización, con el objetivo de asegurar la participación de la mayor cantidad de personas. Asimismo, deberá estudiar medidas tendientes a agilizar todos los trámites regionales que acerquen soluciones y respuestas a los vecinos, entre otras funciones.”

Budassi contó que una vez terminada la fase de consulta, “se continuará con su fase de formulación de normas, que se enviarán al Poder Ejecutivo, en un lapso de 120 días. Luego el gobernador remitirá los proyectos de ley a la Legislatura. Luego comenzará la fase de implementación, que priorizará la utilización de los recursos existentes, adecuándolos a sus nuevas funciones”.

Por último, destacó el Dip. Budassi que “el programa de regionalización no tiene solamente la finalidad de modificar la estructura del estado provincial diseñada hace 150 años, que sin duda no puede atender las necesidades de 16 millones de habitantes y con las dimensiones de Italia, Alemania o Francia continental, desde las cinco manzanas en donde se alojan los ministerios en la ciudad de La Plata. El proceso de regionalización busca sobre todo liberar las fuerzas productivas de la provincia, permitiendo la elaboración de presupuestos desde los lugares en los que se van a gastar, y diseñando los planes de desarrollo para el crecimiento de las diferentes zonas de la provincia, dando así impulso al empleo digno.”

21 de noviembre de 2011

El Diputado Iván Budassi (PJ-FpV) presentó un proyecto que busca resolver el problema de la gran cantidad de autos y motos abandonados, y en desuso, que se encuentran en la calle y en depósitos municipales. La propuesta busca complementar una iniciativa anterior de otro diputado de la sexta sección electoral, Marcelo Di Pascuale, con quien se está trabajando en conjunto para compatibilizar ambas iniciativas.

Budassi declaró: “El proyecto busca resolver el problema que generan los miles de autos que se acumulan en depósitos municipales del Gran Buenos Aires y del interior de la provincia, que han sido secuestrados por infracciones de tránsito, como así también aquellos rodados que se encuentran en estado de deterioro o abandono en lugares públicos como calles, rutas o parques. Como ejemplo, y a pesar el número ha disminuido sustancialmente en los últimos tiempos, el Municipio de Bahía Blanca tiene más de mil autos y ocho mil motos en depósitos municipales.”
 
“La propuesta busca, entonces, agilizar los procedimientos de disposición de vehículos que se encuentran en los depósitos municipales, procurando la liberación y descontaminación de los predios ocupados por ellos. Y, al mismo tiempo, pretende que aquellos vehículos secuestrados y no reclamados por sus dueños que sean utilizables, se destinen a uso oficial del municipio ya que, de esta forma, podrían paliarse las necesidades de movilidad de distintas dependencias, reutilizando estos bienes existentes. Se busca también que estos móviles puedan también ser cedidos para su uso a instituciones de bien público”. Finalmente Budassi aclaró: "la norma permitirá a los municipios subastar los automóviles y motocicletas no reclamadas, y compactar aquellos no sean aptos para rodar.”

31 de octubre de 2011

El Diputado Iván Budassi (FpV-PJ) presentó tres proyectos de ley por los que se eliminan los topes de edad para el ingreso al empleo público provincial.

En la actualidad, la edad máxima para ingresar en un empleo público con estabilidad en el Estado es de 50 años. Budassi explicó: “La legislación actual cercena el derecho a que personas que llegan a los 50 años y están en la etapa más productiva de su vida profesional puedan prestar servicio al Estado de manera estable.”

“Algunos fallos judiciales habían considerado a este límite como arbitrario e irrazonable, pero lo cierto es que las decisiones judiciales sólo tienen efecto para el caso concreto en que la persona obtenga la sentencia, luego de haber pasado por un largo juicio. Así, la administración debe seguir aplicando la legislación aún vigente, obligando a quien quiera ingresar a hacer un juicio, con el tiempo y los costos que ello implica. En la actualidad, los mayores de 50 años sólo pueden ingresar a prestar servicios como contratados o temporarios, pero no bajo un régimen estabilidad.”

Con los tres proyectos presentados se busca eliminar esta barrera para el empleo municipal, provincial y docente de la provincia de Buenos Aires.

Budassi agregó que “la provincia ha de garantizar la igualdad de oportunidades para sus habitantes, que todos sean, entonces, iguales ante la ley y puedan gozar de las garantías que establece la Constitución Nacional.”

8 de octubre de 2011

El Diputado Iván Budassi (FpV-PJ) presentó un proyecto de ley para permitir la actuación de la figura del “amicus curiae” en los juicios de la Provincia de Buenos Aires.

Budassi explicó que la expresión significa ‘amigo de la corte’ o ‘amigo del tribunal’, y abre “la posibilidad de que sujetos que no son parte en un juicio puedan presentar sus opiniones y argumentos para colaborar y suministrar a los jueces de instancias superiores -cámaras de apelaciones y la Suprema Corte- la mayor cantidad posible de información especializada, para ayudarles a dictar una sentencia justa”.

“Con este proyecto se intenta incluir legislativamente una herramienta procesal útil que permite la participación popular, y amplía el debate en aquellos temas que poseen trascendencia institucional o interés público”.

 “Cualquier persona física o jurídica de reconocida experiencia y especialidad sobre determinados temas, entonces, podría debatir en causas en las que estén en juego cuestiones de incidencia colectiva, por ejemplo, las vinculadas al medio ambiente o grupos de personas afectadas por problemas similares como consumidores, detenidos, trabajadores, etc.”

“Al mismo tiempo, la presentación deberá ser realizada con la única finalidad de expresar una opinión fundada sobre el tema que se está discutiendo en el juicio, dando de esta manera otros argumentos para ayudar al juez a tomar su decisión”.

Budassi agregó: “La participación de ciudadanos particulares, organizaciones sociales y ONGs en causas de importancia institucional colabora con que los jueces cuenten con la mayor cantidad de elementos de juicio al momento de resolver, fortaleciendo así sus decisiones, de modo que puedan dictar sentencias más justas al contar con datos y argumentos provistos por personas distintas a las partes en el juicio.”

“El Amicus Curiae –que ya ha sido acogido por alguna jurisprudencia argentina y ha sido legislada en muchos países del mundo – resulta ser un trascendente mecanismo para consolidar la democracia participativa que estimula la apertura del Poder Judicial hacia la comunidad”, concluyó Budassi.

LINK A PROYECYO DE LEY

7 de octubre de 2011

El diputado Iván Budassi (FpV-Pj) se refirió al proyecto de regionalización presentado por el Diputado de la Coalición Cívica, Abel Miguel, y señaló: “Claramente tiene intenciones de neto corte electoral y refleja una evidente mala intención en la interpretación de la propuesta del Poder Ejecutivo, hoy en consideración en la Cámara de Diputados”.

“Los puntos centrales del proyecto de Abel Miguel parecen querer confundir a los ciudadanos boanerenses. Por un lado, Miguel habla de que hay que brindar autonomía a los municipios y define a las regiones como la "Asociación Autónoma de Municipios". Pero la realidad es que, para que los municipios puedan asociarse, no es necesaria ninguna ley que les diga cómo ni de qué modo pueden hacerlo, ya que es un  derecho que pueden ejercer de acuerdo a la legislación vigente, que establece que los municipios pueden conformar consorcios para la atención de cuestiones de interés común.

En síntesis, la propuesta del Dip. Miguel sólo dice cosas que los municipios ya pueden hacer. Además, dicha iniciativa prevé la existencia de una entidad difusa, sin poder real alguno, que debe requerir la ratificación de todo lo que haga a los concejos deliberantes de cada uno de los Municipios que integran la “Región”, una idea que no sólo burocratiza hasta el infinito su estructura, sino que, en la práctica, torna imposible su funcionamiento.

El punto fundamental es que Miguel ignora que la provincia -cualquiera sea la organización que se pretenda dar a los Municipios- seguirá existiendo, haciéndose cargo de asuntos fundamentales para los vecinos como la educación, la justicia, la seguridad y la defensa del medio ambiente. Lo que se pretende con nuestro proyecto de Regionalización, es que esas competencias se ejerzan de una manera más efectiva y más cerca de la gente.

Por eso, cuando Miguel dice que el Proyecto del poder ejecutivo generará más costo para el Estado, queda en evidencia que el único fin es atacar para tratar de obtener algún rédito electoral. Expresamente, el Proyecto de Regionalización busca valerse de las dependencias provinciales que ya existen, organizándolas mejor, y sirviéndose de los mismos recursos humanos y materiales que ya están funcionando en cada ciudad del interior y del conurbano, pero dotándolos de mayores competencias y capacidades. Así, por ejemplo, en la ciudad de Bahía Blanca existen más de 35 dependencias provinciales que funcionarían de una manera mucho más efectiva con una coordinación que se efectúe desde el lugar, aprovechando, como se dijo, los recursos existentes.

La finalidad de la Regionalización propuesta por el Gobernador Scioli es acercar el Estado a la gente dotando a las regiones de competencias que hoy en día se encuentran centralizadas. Las decisiones que afectan a 16 millones de personas distribuidas en un territorio de la magnitud de un país con el tamaño de Francia continental, Italia o Alemania, se siguen tomando en las cuatro manzanas que ocupan los ministerios platenses.

Para resolver este desbalance es necesario darle lapicera y billetera a los funcionarios y empleados de la provincia que están fuera de La Plata. “Lapicera”, para que puedan tomar decisiones en el lugar donde surgen las necesidades, y que un director de un hospital no tenga que pedir permiso al Ministerio central para contratar una enfermera, o que la autorización para la compra de una silla de ruedas deba ser concedida en la capital provincial, por citar sólo un par de los tantos ejemplos que los bonaerenses viven y sufren a diario. Y “billetera” para diseñar y ejecutar los presupuestos de cada una de las áreas cerca de la gente que se va a beneficiar con cada inversión provincial.

El gatopardismo del proyecto del diputado Miguel es evidente, pues realiza una propuesta que aparenta proponer un cambio pero que no cambia nada. Por un lado, no modifica la situación actual de los municipios, que ya hoy pueden asociarse con otros sin necesidad de una nueva ley. Y por otro, no ayuda a mejorar la relación de los vecinos y las autoridades locales con el gobierno provincial, relación que ni siquiera es mencionada en la propuesta.

Finalmente, es falaz la acusación de que el proyecto del PE está confeccionado “de arriba hacia abajo”. El legislador de la Coalición no se ha tomado la molestia de leerlo, pues si lo hiciera vería que la propuesta de la Ley Marco de Regionalización es una primera etapa en la que se convoca a un proceso de consulta de 180 días a todas las fuerzas vivas y ciudadanos de la provincia a formular propuestas y dialogar sobre cómo deberían configurarse geográficamente las regiones, qué competencia deberían tener los administradores regionales y cómo deben participar los municipios en su desarrollo y desenvolvimiento.

El proyecto de Miguel es, además de poco serio e insustancial, cínico, ya que miente al descalificar  la propuesta del Gobernador, y no propone nada que ya no se pueda hacer con las leyes vigentes. El proyecto oficial busca iniciar un camino distinto, para brindar soluciones rápidas y útiles a los problemas cotidianos de la gente y acercar el estado provincial a cada uno de los vecinos, promoviendo el desarrollo integral de la Provincia de Buenos Aires.”

30 de septiembre de 2011

El diputado Iván Budassi (FpV-PJ) presentó esta semana un proyecto de ley cuyo objeto es crear un Programa de microcréditos para la financiación de conexiones a redes de Servicios Públicos.

Budassi, autor del proyecto, explicó que “el objetivo es posibilitar el acceso a los servicios públicos a aquellos vecinos que por su situación económica no pueden solventar la conexión.”

"El costo de la conexión a determinados servicios como el gas, el agua, el sistema cloacal, etc. debe ser afrontado por cada uno de los vecinos y, en muchos casos, estos no cuentan con los medios para realizarla. Incluso, en ocasiones, deben recurrir a sistemas más costosos en el tiempo, como el uso de garrafas".

"Para asistir a los más postergados en el acceso a los servicios públicos, el proyecto establece un mecanismo crediticio a través del cual los vecinos acceden a las sumas requeridas para realizar la conexión, abonando cuotas accesibles en forma mensual al ente que le otorgará el crédito. A su vez, establece un parámetro objetivo para identificar a aquellas personas que encuadren en la ley. Serán beneficiarios de los microcréditos quienes no califiquen para acceder a un crédito regular".

 Budassi concluyó: “Para que el sistema sea justo, y quienes obtengan el microcrédito puedan devolverlo, se pensó en un mecanismo efectivo para todos: se consideró incluir el monto correspondiente al pago del crédito en la factura de los servicios. De esta manera, los vecinos podrán abonar su conexión en cuotas mensuales, mientras cuentan con los servicios públicos básicos”.

 Link al proyecto de ley

 22 de septiembre de  2011

Se aprobó hoy el proyecto presentado por el Diputado Iván Budassi (FpV-PJ) que modifica la ley 13.133 que legisla el sistema de protección a los derechos del consumidor.

El diputado Budassi (FPV-PJ) explicó su proyecto, destinado a agilizar los trámites de modo que todos los bonaerenses se vean beneficiados en la defensa de sus derechos como consumidores: “En primer término, se propone que los juicios en los que se analicen las cuestiones tratadas por las autoridades de Defensa del consumidor tramiten por la vía más rápida que prevé la legislación local: el juicio sumarísimo. Con esto se pretende que los diferendos se zanjen de la manera más expeditiva posible y que se hagan efectivas las sanciones que se impongan a las empresas que tengan conductas abusivas que afecten a los consumidores”.

“Además, el proyecto se encarga de aclarar una situación que se encuentra ahora en disputa, vinculada a qué tribunales deben entender en las cuestiones analizadas por los entes de defensa del consumidor. Se establece que las cuestiones entre particulares irán a los juzgados civiles y comerciales".
"Los que involucren a prestatarios de servicios públicos, o cuestiones regidas por el derecho público, irán a los juzgados contencioso administrativos. Las sanciones que aplique la autoridad serán revisadas por ese mismo juzgado”, concluyó Budassi.

En el Plenario Anual de Defensa del Consumidor de este año, conformado por distintas OMIC de toda la provincia, el Dr. Fabricio De Arriba Arévalo, director de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Bahía Blanca, comentó que en aquella oportunidad se analizó el estado general del sistema de protección de los consumidores en la provincia, y las diversas propuestas de modificación de la legislación vigente.

De Arriba Arévalo destacó que el proyecto del legislador bahiense Iván Budassi generó especial atención y declaró: “Consideramos que la propuesta solucionaría uno de los problemas más importantes que padecemos quienes debemos aplicar la legislación del consumidor en la provincia: el de cómo agilizar y hacer más eficiente la revisión judicial de las medidas que ordenamos tomar y de las sanciones que aplicamos. Diferentes fallos consideran de manera distinta dónde deben radicarse las causas que se generan en nuestras oficinas, lo que produce dilaciones que pueden llevar años”, señaló.

 
Leer el proyecto de ley completo aquí: http://www.ivanbudassi.com/2011/09/d-321210-11-0-agilizar-tramites-para-proteger-derechos-del-consumidor/
 

22 de septiembre de 2011

El Diputado Iván Budassi (PJ-FpV), quien fue uno de los que fundamentó el proyecto en el recinto, explicó ambos proyectos. “El primero de ellos crea un procedimiento especial para el trámite judicial de adopción en la Provincia. Y, complementándolo, se modifica el sistema de la Ley 13.298, de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El objetivo fundamental de ambas normas es agilizar la resolución de la situación de los niños en situación de riesgo y abandono para, en caso de resultar imposible su reinserción en su núcleo familiar biológico, se resuelva de forma rápida la declaración sobre su estado de adaptabilidad. A partir de ahora eso tendrá un plazo determinado: las medidas de protección dispuestas por el Juez de Familia o por el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos, notificadas al  Juez dentro de las 24 horas, como así también el procedimiento de declaración de adoptabilidad del niño, niña o adolescente, tendrán un plazo de duración máxima de seis (6) meses.”

Según Budassi, con estos proyectos “se busca que los funcionarios administrativos y judiciales tengan, entonces, plazos determinados y terminantes para resolver esta situaciones a fin de proteger de una manera efectiva el interés superior del niño como lo ordena toda la legislación nacional e internacional”.

“También se pretende otorgar mayores facultades a los servicios locales de protección de derechos, para que ellos, que tienen contacto directo con los niños en riesgo, puedan acudir en forma directa a la justicia en busca de una solución ante situaciones de vulneración de derechos”.

Por último Budassi destacó que “los presentes proyectos nacieron de diversos encuentros, realizados en toda la provincia, en los que participaron todas las partes afectadas en los procesos de adopción, desde asistentes sociales, académicos, abogados y jueces, hasta asociaciones civiles, padres que quieren adoptar, etc. Así pudo diagnosticarse el estado de la cuestión y plantear, colectivamente, las maneras posibles de resolver la situación de los niñas y niños en estado de abandono”.

Estos proyectos deberán pasar ahora a la Cámara de Senadores para convertirse en ley.

Ver los proyectos aquí: http://www.ivanbudassi.com/2011/08/reforma-ley-de-adopcion-01-normas-de-procedimiento/
http://www.ivanbudassi.com/2011/08/normas-de-procedimiento-adopcion/

Les dejo también un fallo de la Corte Provincial que, me parece, refleja con precisión y en palabras difíciles de mejorar, la importancia de la adopción y, al mismo tiempo, desnuda la falsa contradicción que muchas veces se plantea entre los "derechos" de la familia biológica y la adopción.

 DESCARGAR AQUÍ: Adopcion Plena C79931. SCBA. 2003