30 de septiembre de 2011

El diputado Iván Budassi (FpV-PJ) presentó esta semana un proyecto de ley cuyo objeto es crear un Programa de microcréditos para la financiación de conexiones a redes de Servicios Públicos.

Budassi, autor del proyecto, explicó que “el objetivo es posibilitar el acceso a los servicios públicos a aquellos vecinos que por su situación económica no pueden solventar la conexión.”

"El costo de la conexión a determinados servicios como el gas, el agua, el sistema cloacal, etc. debe ser afrontado por cada uno de los vecinos y, en muchos casos, estos no cuentan con los medios para realizarla. Incluso, en ocasiones, deben recurrir a sistemas más costosos en el tiempo, como el uso de garrafas".

"Para asistir a los más postergados en el acceso a los servicios públicos, el proyecto establece un mecanismo crediticio a través del cual los vecinos acceden a las sumas requeridas para realizar la conexión, abonando cuotas accesibles en forma mensual al ente que le otorgará el crédito. A su vez, establece un parámetro objetivo para identificar a aquellas personas que encuadren en la ley. Serán beneficiarios de los microcréditos quienes no califiquen para acceder a un crédito regular".

 Budassi concluyó: “Para que el sistema sea justo, y quienes obtengan el microcrédito puedan devolverlo, se pensó en un mecanismo efectivo para todos: se consideró incluir el monto correspondiente al pago del crédito en la factura de los servicios. De esta manera, los vecinos podrán abonar su conexión en cuotas mensuales, mientras cuentan con los servicios públicos básicos”.

 Link al proyecto de ley

 22 de septiembre de  2011

Se aprobó hoy el proyecto presentado por el Diputado Iván Budassi (FpV-PJ) que modifica la ley 13.133 que legisla el sistema de protección a los derechos del consumidor.

El diputado Budassi (FPV-PJ) explicó su proyecto, destinado a agilizar los trámites de modo que todos los bonaerenses se vean beneficiados en la defensa de sus derechos como consumidores: “En primer término, se propone que los juicios en los que se analicen las cuestiones tratadas por las autoridades de Defensa del consumidor tramiten por la vía más rápida que prevé la legislación local: el juicio sumarísimo. Con esto se pretende que los diferendos se zanjen de la manera más expeditiva posible y que se hagan efectivas las sanciones que se impongan a las empresas que tengan conductas abusivas que afecten a los consumidores”.

“Además, el proyecto se encarga de aclarar una situación que se encuentra ahora en disputa, vinculada a qué tribunales deben entender en las cuestiones analizadas por los entes de defensa del consumidor. Se establece que las cuestiones entre particulares irán a los juzgados civiles y comerciales".
"Los que involucren a prestatarios de servicios públicos, o cuestiones regidas por el derecho público, irán a los juzgados contencioso administrativos. Las sanciones que aplique la autoridad serán revisadas por ese mismo juzgado”, concluyó Budassi.

En el Plenario Anual de Defensa del Consumidor de este año, conformado por distintas OMIC de toda la provincia, el Dr. Fabricio De Arriba Arévalo, director de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Bahía Blanca, comentó que en aquella oportunidad se analizó el estado general del sistema de protección de los consumidores en la provincia, y las diversas propuestas de modificación de la legislación vigente.

De Arriba Arévalo destacó que el proyecto del legislador bahiense Iván Budassi generó especial atención y declaró: “Consideramos que la propuesta solucionaría uno de los problemas más importantes que padecemos quienes debemos aplicar la legislación del consumidor en la provincia: el de cómo agilizar y hacer más eficiente la revisión judicial de las medidas que ordenamos tomar y de las sanciones que aplicamos. Diferentes fallos consideran de manera distinta dónde deben radicarse las causas que se generan en nuestras oficinas, lo que produce dilaciones que pueden llevar años”, señaló.

 
Leer el proyecto de ley completo aquí: http://www.ivanbudassi.com/2011/09/d-321210-11-0-agilizar-tramites-para-proteger-derechos-del-consumidor/
 

22 de septiembre de 2011

El Diputado Iván Budassi (PJ-FpV), quien fue uno de los que fundamentó el proyecto en el recinto, explicó ambos proyectos. “El primero de ellos crea un procedimiento especial para el trámite judicial de adopción en la Provincia. Y, complementándolo, se modifica el sistema de la Ley 13.298, de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El objetivo fundamental de ambas normas es agilizar la resolución de la situación de los niños en situación de riesgo y abandono para, en caso de resultar imposible su reinserción en su núcleo familiar biológico, se resuelva de forma rápida la declaración sobre su estado de adaptabilidad. A partir de ahora eso tendrá un plazo determinado: las medidas de protección dispuestas por el Juez de Familia o por el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos, notificadas al  Juez dentro de las 24 horas, como así también el procedimiento de declaración de adoptabilidad del niño, niña o adolescente, tendrán un plazo de duración máxima de seis (6) meses.”

Según Budassi, con estos proyectos “se busca que los funcionarios administrativos y judiciales tengan, entonces, plazos determinados y terminantes para resolver esta situaciones a fin de proteger de una manera efectiva el interés superior del niño como lo ordena toda la legislación nacional e internacional”.

“También se pretende otorgar mayores facultades a los servicios locales de protección de derechos, para que ellos, que tienen contacto directo con los niños en riesgo, puedan acudir en forma directa a la justicia en busca de una solución ante situaciones de vulneración de derechos”.

Por último Budassi destacó que “los presentes proyectos nacieron de diversos encuentros, realizados en toda la provincia, en los que participaron todas las partes afectadas en los procesos de adopción, desde asistentes sociales, académicos, abogados y jueces, hasta asociaciones civiles, padres que quieren adoptar, etc. Así pudo diagnosticarse el estado de la cuestión y plantear, colectivamente, las maneras posibles de resolver la situación de los niñas y niños en estado de abandono”.

Estos proyectos deberán pasar ahora a la Cámara de Senadores para convertirse en ley.

Ver los proyectos aquí: http://www.ivanbudassi.com/2011/08/reforma-ley-de-adopcion-01-normas-de-procedimiento/
http://www.ivanbudassi.com/2011/08/normas-de-procedimiento-adopcion/

Les dejo también un fallo de la Corte Provincial que, me parece, refleja con precisión y en palabras difíciles de mejorar, la importancia de la adopción y, al mismo tiempo, desnuda la falsa contradicción que muchas veces se plantea entre los "derechos" de la familia biológica y la adopción.

 DESCARGAR AQUÍ: Adopcion Plena C79931. SCBA. 2003

8 de septiembre de 2011

En un fallo del 3 de agosto del corriente año, la Corte Suprema de la Provincia deBuenos Aires dispuso que las personas detenidas que no tengan sentencia firmepuedan votar. Por las características del pleito entablado, la decisión seaplicó sólo a las primarias del pasado 13 de agosto.

Siguiendo los principios de esta decisión judicial, el proyecto presentado ayer por el diputado Provincial (PJ-FpV) Iván Budassi propone la sanción de una normaespecial que reglamente este derecho establecido por el Poder Judicialprovincial, permita evitar futuros pleitos con el mismo objeto, y eviteproblemas interpretativos al respecto.

Budassi (PJ-FpV) explicó que dicho fallo del máximo tribunal determinó que “la limitación del sufragio a las personas detenidas debe circunscribirse a aquellas que han sido condenadas,mientras dure su detención, pues lo contrario implicaría una violación a losprincipios de inocencia e igualdad, que son dos de los pilares fundamentalessobre los que se asienta el Estado de Derecho”.

“Este proyecto –continuó Budassi- busca, al mismo tiempo, poner al día ciertosaspectos de la norma que perdieron vigencia y que es necesario actualizar. Por ejemplo, se propone la eliminación de aquellos incisos que prohibían el voto a los sordomudos que no sepan darse a entender por escrito y declarados enjuicio; los eclesiásticos regulares; los mendigos mientras estén recluidos en establecimientos públicos; los que se hallen asilados en establecimientos públicos o estén habitualmente a cargo de asociaciones de caridad; loscondenados por el delito de deserción calificada, los infractores a las leyesdel servicio militar, etcétera.”

Por último, Budassi indicó: “El fallo señaló que para el caso de las elecciones del 14 de agosto, las autoridades electorales deberían, en la esfera de sus respectivas atribuciones, arbitrar todas las medidas necesarias para que las personas privadas de libertad en unidades de detención ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, incluidas en el Registro de Electores Privados de Libertad elaborado por la Cámara Nacional Electoral para dicha elección, pudieran votar a los candidatos para Vicegobernador y Gobernador. Con la nueva propuesta legislativa, las autoridades deberán cumplir los principios sentados por la Corte en las elecciones que se realicen en el futuro, confeccionando los respectivos padrones de personas detenidas para que emitan su voto para elegir autoridades provinciales y municipales.”

Link a Proyecto de Ley

Descargar  fallo_scba_votos_presos

16 de agosto de 2011

Proyecto de ley: BUSCAN PROTEGER A LAS PERSONAS Y PROFESIONALES QUE ACTÚAN ANTE LOS TRIBUNALES.

 El Diputado Iván Budassi (FpV-PJ) presentó un proyecto de ley para modificar diversas normas,  como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, entre otras que establecen las potestades disciplinarias a los magistrados para aplicar sanciones a particulares y profesionales intervinientes dentro de los juicios.
En la actualidad, los magistrados pueden imponer sanciones a quienes participan en un proceso judicial, en forma directa e inmediata. No hay fijado un procedimiento que le de, antes de que la pena sea fijada por el juez, una oportunidad de defenderse y tratar de justificar la conducta que se pueda haber considerado ofensiva.
El presente proyecto de ley busca, entonces, limitar esta capacidad de sanción, para garantizar los derechos de defensa y a ser oído en forma previa de todos los participantes de un proceso judicial.

 El diputado Budassi, explicó: “En primer lugar, tiene que quedar claro qué se le imputa a la persona, y debe brindársele una oportunidad para defenderse, así sean particulares o profesionales que pueden actuar como peritos o abogados en el pleito”.

 “Puede considerarse que las actuales potestades disciplinarias de los jueces resultan violatorias de los derechos y garantías del Debido Proceso establecidas en los artículos 11, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional, al impedir la debida defensa tanto de los ciudadanos que acuden a la justicia, como de los abogados y peritos que participan en un juicio”.

 “Al establecerse esta prerrogativa de aplicar sanciones sin que el imputado sea oído previamente a la aplicación de la sanción se vulnera el principio del debido proceso. Si para la aplicación de una simple multa de tránsito el juez de faltas debe oír primero al conductor para que explique su conducta, cuánto más debe dársele esta oportunidad a quien defiende sus intereses o los de otro en un juicio.”

Budassi concluyó: “El proyecto de ley busca que, en el caso de los particulares, que la sanción no proceda de forma directa y que, como se dijo, se le reconozca el derecho a defensa a quien ha sido acusado, antes de aplicarle una sanción. En relación a los profesionales, se propone que se proceda como se hace habitualmente en otras situaciones en la que investiguen inconductas en el ejercicio de su actividad, es decir, que el juez envíe al colegio profesional los antecedentes de la situación, para que éste abra un sumario y eventualmente sancione al abogado o perito”.

LINK AL PROYECTO DE LEY

5 de agosto de 2011

Se presentaron ayer dos proyectos de ley relativos a adopción, con el aval de todos los bloques de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

El Diputado Iván Budassi (PJ-FpV) explicó: “El primero de ellos crea un procedimiento especial para el trámite judicial de la adopción en la Provincia. Y, complementandolo, se acordó también presentar un proyecto de ley por el que se modifica el sistema de la Ley 13.298, de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El objetivo fundamental de ambas normas es tratar de agilizar la resolución de la situación de los niños en situación de riesgo y abandono para, en caso de resultar imposible su reinserción en su núcleo familiar biológico, resolver de forma rápida la declaración sobre su estado de adoptabilidad”.

Según Budassi, con estos proyectos “se busca que los funcionarios administrativos y judiciales tengan plazos determinados y terminantes para resolver esta situaciones a fin de proteger de una manera efectiva el interés superior del niño como lo ordena toda la legislación nacional e internacional”.

“También se pretende otorgar mayores facultades a los servicios locales de protección de derechos, para permitir a los municipios desburocratizar su actuación, y que puedan acudir en forma directa a la justicia en busca de una solución ante situaciones de vulneración de derechos”.

Estos proyectos deberán pasar ahora por las respectivas comisiones de las Cámara de Diputados para su análisis, pero Budassi consideró que “la circunstancia de que el proyecto cuenta con el aval de los diversos sectores políticos que integran la cámara hace prever que se logrará su rápido tratamiento y sanción en el recinto”.
 

4 de agosto de 2011
 
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley tres importantes proyectos, vinculados a Seguridad y Justicia promovidos por el Gobernador Daniel Scioli, por intermedio del Ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal, que ya contaban con media sanción del Senado. También se aprobó el proyecto de ley que busca modificar la ley 13.647, de Creación del Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense, presentado por el Diputado (PJ-FpV) Iván Budassi.

 Con respecto a este último, el Diputado Iván Budassi explicó que “las modificaciones incorporadas tienden a mejorar el funcionamiento de este Consejo en el sur de la Provincia, con la incorporación del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPLS). Actualmente, el consejo está conformado por representantes de distintos sectores vinculados al campo, organismos públicos y también asociaciones privadas. Sumando a esta agencia ambiental, se busca favorecer la lucha contra la desertificación que afecta a los doce distritos, y la obtención de fondos de organismos de cooperación internacional para combatir los efectos del cambio climático y la erosión de los suelos”.

 Budassi agregó: “Al mismo tiempo, el proyecto garantiza la inserción de una partida para el Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense en cada presupuesto y que, como mínimo, se mantenga la asignación de fondos del año anterior”.

En la misma sesión se convirtieron en ley los proyectos que tuvieron su origen en el Poder Ejecutivo. Iván Budassi, quien fundamentó dos de ellos en el recinto, explicó la importancia de la descentralización del Tribunal de Casación bonaerense, que es el encargado de revisar las causas y sentencias penales. “Esta nueva ley promueve la creación de nuevas salas en la provincia. Esto tiende a descomprimir el cuello de botella que se genera por la enorme cantidad de causas que tienen que revisarse.
Se busca que  no tengan que pasar años para que se defina la situación judicial y penal de una persona, como así también, la de quien haya sufrido un delito y busque que la Justicia haga su trabajo. Un dato revelador es que hoy entran, en promedio, 5000 causas al año al Tribunal de Casación, y cada sala, entonces, absorbe casi 1700. Cuando se implemente el nuevo esquema, se estima que cada una de las salas recibirá entre 400 y 600 causas al año. Esto sin dudas agilizará los procesos y las sentencias serán dictadas en plazos más razonables”.
 
Por último, Budassi se mostró también conforme con haber logrado el consenso para aprobar la ley que busca promover la reinserción laboral, y por ende social, de las personas liberadas. La iniciativa, establece que el estado provincial y empresas estatales deberán emplear a los liberados con domicilio o residencia en el territorio de la provincia, que hayan cumplido una pena de más de cinco años de privación de la libertad, siempre que reúnan los requisitos de idoneidad requeridas por la legislación de empleo público, en una proporción no inferior al 2% de la totalidad de su personal”. (más…)

18 de junio de 2011

 En relación a los dichos del Diputado del Bloque Unión Celeste y Blanco, Ramiro Gutiérrez,  sobre el proyecto de Regionalización, el diputado (PJ-FpV) Iván Budassi, declaró:

“Quienes hablan desde el desconocimiento sobre el proyecto de Regionalización de la Provincia de Buenos Aires, que está llevando adelante el Gobernador Daniel Scioli junto a Santiago Montoya y un equipo de expertos, y aventuran que implicará gastos improductivos, deberían informarse un poco más y recorrer la provincia antes de plantear concepciones erróneas y sin fundamentos, como decir que es ‘inviable’.

Oponerse a la regionalización es oponerse al crecimiento de la provincia y al bienestar de sus habitantes.

El modelo centralizado, creado hace más de 100 años, en el que casi todas las decisiones -para un territorio del tamaño de Alemania, Italia o Francia continental, y con una población de  más 15 millones de habitantes – se toman desde la ciudad de La Plata, no puede seguirse sosteniendo si se busca avanzar, como se viene haciendo, en conseguir un estado más eficaz para responder las necesidades de los vecinos.

La Regionalización busca que el Estado esté más cerca de la gente y, para esto, es necesario darle lapicera y billetera a los funcionarios y empleados de la provincia que están fuera de La Plata. Lapicera, para que puedan tomar decisiones en el lugar donde surgen las necesidades, y que un director de un hospital no tenga que pedir permiso al Ministerio central para contratar una enfermera, o que la autorización para la compra de una silla de ruedas para un niño de bajos recursos deba ser concedida en la capital, por citar sólo un par de los tantos ejemplos que los bonaerenses viven y sufren a diario.

Y cuando nos referimos a darles “billetera”, esto tiene que ver con un modo de administrar los recursos: hay que trabajar para que pueda diseñarse un presupuesto que cubra las necesidades de la Provincia en cada una las regiones, que pueda ser ejecutado y planificado en el lugar junto a los intendentes y, al mismo tiempo, para que los funcionarios tengan las facultades suficientes para ejecutarlo cerca de la gente que se va a beneficiar con cada inversión.

Además, la provincia de Buenos Aires es un territorio enorme y complejo, con zonas muy distintas entre sí. Es por esto que debemos buscar la forma de satisfacer los requerimientos de cada uno de los ciudadanos, de acuerdo a sus necesidades, su demografía, las características de sus ciudades y su infraestructura. La Regionalización no implica gastar más, sino administrar mejor, potenciar las capacidad de los funcionarios y empleados que ya tiene la provincia, y satisfacer de manera más efectiva las demandas reales de los bonaerenses."

13 de julio, 2011

El Diputado Iván Budassi (FpV-PJ), presidente de la Comisión de Asociaciones, Federaciones y Colegios Profesionales, presentó un nuevo proyecto de ley para establecer un Consultorio Profesional Gratuito, esta vez, vinculado a los servicios que prestan los escribanos públicos. El proyecto busca que se atienda sin cargo a personas físicas de escasos recursos y  a entidades y asociaciones de limitada capacidad económica que, con su tarea solidaria, contribuyan al mejoramiento de las condiciones sociales de la comunidad.

Al mismo tiempo, se pretende promover la formación práctica en el ejercicio profesional de los escribanos noveles, estudiantes de escribanía y abogacía que se inscriban en dicho consultorio.

 El diputado Iván Budassi señalo: “De esta forma, se garantiza el derecho a que toda persona que tenga la necesidad de recibir un asesoramiento notarial, cuente con la asistencia de un escribano, y que la carencia o escasez de recursos no sea un obstáculo para el acceso a dicha actuación notarial. Esta norma también complementa la Ley Nº 14.154, recientemente sancionada, de ‘Registros de Actos de Autoprotección’, que posibilita a las personas inscribir sus manifestaciones anticipadas, en previsión de la pérdida de la capacidad natural o la concurrencia de circunstancias clínicas que le impidan expresar su voluntad en el futuro, inscribir las disposiciones vinculadas a su vida y su cuidado personal, a la administración de su patrimonio, a su elección acerca de un posible lugar de internación (geriátricos, psiquiátricos, centros de salud), así como su consentimiento o su rechazo con respecto a los tratamientos médicos que pudieren indicársele en ese momento.

Ahora estas constancias podrán ser hechas por las personas de bajos recursos en forma gratuita.” 

Budassi también explicó: “Por su parte, el profesional que preste servicios en forma gratuita, ya sea por designación del Colegio o a través del consultorio profesional gratuito, estará exento del pago de tasas y aportes. De esta manera, se busca garantizar que el objetivo del proyecto se efectivice en su mayor extension”.

El Diputado Budassi contó además que estos proyectos surgieron de su experiencia recorriendo diferentes barrios en los que funcionan pequeños clubes y sociedades de fomento: “Uno de los  principales problemas que tienen es que no cuentan con la documentación en regla que les permita funcionar adecuadamente. Sólo como asociaciones formalmente constituidas estas entidades pueden recibir subsidios y ayudas de organismos públicos y privados, por lo que en muchos casos su supervivencia se vincula a tener un adecuado asesoramiento contable, jurídico y notarial para regularizar su situación. Y a estas entidades, por su limitada capacidad económica, se les hace muy difícil poder abonar honorarios profesionales. Aunque en muchos casos estas sociedades de fomento, clubes o cooperativas consiguen la colaboración de profesionales desinteresados que no cobran honorarios, aún así deben realizar aportes previsionales o profesionales de un elevado costo."

Budassi concluyó: "Los presentes proyectos de ley buscan garantizar el acceso de estos servicios a todos los que lo necesiten y no puedan pagar por ellos.”.

13 d julio de 2011

El diputado (PJ-FpV) Iván Budassi informó que hoy no pudo lograrse el consenso necesario para que se apruebe en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el proyecto de ley, que ya contaba con media sanción del Senado, que establece cupos laborales para quienes hayan cumplido su condena en algún servicio penitenciario de la Provincia.

Budassi explicó: “Esta ley, propuesta desde el Poder Ejecutivo, quiere promover la reinserción laboral, y por ende social, de las personas liberadas. La iniciativa, promovida por el Gobernador Daniel Scioli, por intermedio del Ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal, establece que el estado provincial y empresas estatales deberán emplear a los liberados con domicilio o residencia en el territorio de la provincia, que hayan cumplido una pena de más de cinco años de privación de la libertad, siempre que reúnan los requisitos de idoneidad requeridas por la legislación de empleo público, en una proporción no inferior al 2% de la totalidad de su personal”.

Asimismo, Budassi contó que la ley “obliga a los organismos de Estado a priorizar, en sus contrataciones y licitaciones, bajo las mismas condiciones de calidad y precio, a aquellas empresas que empleen a personas que hayan estado privadas de su libertad. Finalmente, las empresas que empleen a liberados podrán imputar al pago del impuestos ingresos brutos un 50% de las remuneraciones que perciban estos empleados.”

Por último, el diputado Budassi sostuvo: "El proyecto revela el claro compromiso del Gobernador y del estado provincial con una política de reinserción social para quienes, habiendo tomado un camino equivocado que los llevó a estar recluidos por un lapso considerable, puedan volver al mundo del trabajo y reconstruir su vida en forma plena. La integración social a través del trabajo digno e inclusivo es el horizonte de desarrollo para todos los bonaerenses. La articulación de un Estado activo en la resolución de las problemáticas sociales, y de empresas con compromiso social, es la clave para vivir en una sociedad más justa para todos y todas. Por eso considero que, dada la importancia del proyecto, su aprobación no puede estar sujeta a los vaivenes de un año electoral y debe ser tratado en el recinto lo antes posible”.