16 de junio 2011
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Sin bien hay que seguir trabajando diversas medidas que buscan proteger los derechos constitucionales de las personas privadas de su libertad en la Provincia de Buenos Aires, son indudables los logros alcanzados en materia de Derechos Humanos que se han realizado a nivel nacional y provincial en términos generales.
Los reclamos de los distintos organismos de Derechos Humanos han sido tenidos en cuenta por las autoridades provinciales, y fueron y son respondidos con medidas concretas. El último informe del Comité contra la Tortura de la Comisión de la Memoria omite ciertos datos y realidades importantes, logros alcanzados por distintas acciones tanto del poder Judicial, como del Ejecutivo y del Legislativo, que vienen trabajando, cada uno desde su esfera, en este sentido.
La Provincia de Buenos Aires ha avanzado de manera inédita en cuanto a las condiciones de las personas privadas de su libertad y en la implementación de políticas que buscan supervisar y controlar el accionar de la policía.
Con respecto a los internos de las unidades penitenciarias, la gestión del Gobernador Daniel Scioli ha mejorado de manera sustancial el sistema carcelario de modo que se respeten los derechos constitucionales de cada persona. Por ejemplo, al día de hoy, el número de alojados en comisarías es el más bajo de los últimos 20 años y, si en 2006 los detenidos en esta situación eran 8000, en la actualidad se logró que se reduzcan a 1939. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe hay 2400 detenidos en comisarías, casi la mitad del total (4900 detenidos).
En cada unidad penitenciaria trabaja un médico por cada 14 internos. La mayor parte de los fallecimientos que señala el informe se debe a enfermedades incurables.”
El informe afirma que la policía bonaerense se desempeña bajo un “autogobierno”. Esto no se corresponde con la realidad, ya que existen diferentes instancias de control por parte de civiles; sin ir más lejos, la Auditoría de Asuntos Internos está supervisada y bajo el control del Ministro, su gabinete y otros funcionarios civiles.
Al mismo tiempo, la presente gestión ha aumentado y fomentado la participación y auditoría no sólo de distintas áreas de gobierno sino también de organizaciones sociales y ONGs, precisamente, para que todo el proceso sea transparente y legítimo. Se busca que, desde que una persona es sospechada de un delito, hasta que se compruebe su culpabilidad y, en dicho caso, cumpla la condena, el procedimiento sea realizado en los términos que exige la ley y las convenciones internacionales, resguardando cada uno de sus derechos.
En el servicio penitenciario también se ha creado un departamento de asuntos internos y el mismo Poder Judicial cuenta hoy con 600 jueces, 500 fiscales, 300 defensores, todos ellos con la obligación de realizar visitas periódicas a cada penitenciaría. En estos controles trabajan civiles como los supervisores del Ministerio de Justicia y Seguridad y los Jefes de Despacho de la Procuración General que tienen, también, asiento en las cárceles.
Al mismo tiempo, los trabajadores del Servicio Penitenciario cuentan con capacitación continua y permanente en Derechos Humanos, a cargo de Universidades Nacionales y otras instituciones.
Nunca antes se ha trabajado tanto por la inserción laboral de las personas que han estado privadas de su libertad. No sólo existen programas que les permiten estudiar mientras cumplen su condena (actualmente hay 12 000 internos estudiando), sino que también se busca que, una vez que las cumplan, puedan contar con una red de contención que les permita rehacer su vida. El Poder Ejecutivo ha enviado a la Legislatura un proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, que busca incentivar a las empresas, mediante una reducción de impuestos, a que se los contrate, al tiempo que ofrece puestos de trabajo en la Administración pública.
Más allá de que en todas partes del mundo los temas vinculados a funcionamiento policial y carcelario son conflictivos, consideramos que hay discusiones que no deben darse en abstracto, sino teniendo en cuenta cuál era el punto de partida en que se inició una política pública para enfrentar la problemática, y qué objetivos busca alcanzar. En la Provincia se está trabajando sostenidamente en esta materia, con resultados tangibles y comprobables, que auguran un futuro aún mejor para la protección de todos los ciudadanos, en especial para aquellas personas que han sido privadas de su libertad.
